EL CONTROL POLITICO
CONTROL POLITICO EN COLOMBIA
El control político en Colombia es una herramienta fundamental en el diseño institucional de la República de Colombia, que por medio de diferentes instrumentos, permite a los legisladores ejercer sabiduría sobre el Ejecutivo y contribuir al mantenimiento del balance de poder entre las distintas ramas del poder público en Colombia.
Mediante el Acto Legislativo 01 de 2007, se modificó el artículo 135 de la Constitución Política de Colombia sobre el Congreso y sus facultades. Se reglamentaron los mecanismos de control político, consecuentemente. se estipularon las condiciones según las cuales se puede citar a un funcionario público, preferirle una moción de censura o conducir una audiencia pública con el propósito de observar las acciones y/o omisiones de dicho funcionario o funcionarios del Estado.
RESUMEN
La función legislativa es la actividad del Estado constitucional contemporáneo que se materializa a lo largo de un proceso creativo de las normas jurídicas, destinadas a reglamentar la organización del Estado, el funcionamiento de sus órganos y las relaciones entre el Estado, sus habitantes y de éstos entre sí. El funcionamiento de tales centros de poder es bastante complejo, ya que internamente el trabajo recae en gran medida en unos comités denominados comisiones, que son los encargados de darle la dinámica a las diferentes actuaciones del congreso. A lo largo de las últimas décadas, el papel del Parlamento o Congreso como lugar central de elaboración de las leyes y como eje del control político sobre las otras ramas del poder público y en general sobre todo el engranaje estatal, ha sido cuestionado ampliamente. Una de las críticas tiene como origen, el ejercicio del control hacia el ejecutivo en virtud del principio de pesos y contrapesos. Los reparos sobre el trabajo del congreso se originan en gran medida por los discutibles resultados de las denominadas “comisiones” en lo que respecta a la investigación de los altos dignatarios del Estado. El presente trabajo aborda muy someramente el sustento doctrinario y constitucional del control político del congreso en Colombia, haciendo especial énfasis en las falencias de la Comisión de Investigación que son el cuerpo colegiado que tiene el deber Constitucional y legal de dar impulso a las investigaciones en contra de los altos dignatarios del Estado.
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